Aumentan casos de mujeres y menores en busca de asilo

Urge grupo Foca construir mecanismos de atención y canalización de personas que soliciten atención a la salud, apoyo legal

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Más que reprimir, urge construir mecanismos de atención y canalización de personas que soliciten atención a la salud, apoyo legal, refugio y denuncias sobre violencia, además de acceso a la educación y revalidación de estudios, que sean fluidos y eficientes.

Lo anterior se desprendió del Conversatorio Interinstitucional Nacional: “Mujeres en las migraciones y la frontera sur: acciones para mejorar sus condiciones de ejercicio pleno de derechos”, convocado por Formación y Capacitación, AC (FOCA) y dirigido por la investigadora y activista Diana Damián.

De acuerdo con los participantes, se ha registrado “un drástico y sostenido incremento de personas, en especial mujeres –incluidas mujeres afrodescendientes–, que viajan acompañadas de sus hijas e hijos, solicitantes de asilo. En este sentido, más de 50% de solicitantes de asilo en México en 2018 fueron mujeres, niñas y niños”.

Ante el senador independiente Emilio Álvarez Icaza y Mark Manly, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados (ACNUR), Diana Damián, como representante del Instituto Nacional de Migración (INM), refirió que la región Mesoamericana comprende uno de los corredores migratorios más extensos y diversos a nivel mundial, al tiempo que presenta los índices de desigualdad más elevados.

La cuestión de la movilidad humana a lo largo del continente, dijo, obedece a causas estructurales, entre las cuales destacan la violencia social y política generalizada, así como la pobreza que desplaza a comunidades, porque al no poder vivir en condiciones dignas se ven obligadas a migrar.

“Nuestra región, y en específico el corredor migratorio que para el territorio chiapaneco va de Ciudad Cuauhtémoc hacia Comitán y San Cristóbal de Las Casas, es testigo de las migraciones intrarregionales y entre comunidades transnacionales y transfronterizas, de tránsito, asentamiento y asilo de poblaciones migrantes provenientes de países de Centro y Sudamérica y de otras regiones del mundo, además de ser espacio de retorno por deportaciones o de manera voluntaria”, agregó la investigadora.

Indicó que entre los principales desafíos de la región se encuentra la migración forzada de personas de la región centroamericana y de México debido a la violencia, en muchos casos vinculada al crimen organizado.

Existe “una gran urgencia de reconocer una crisis humanitaria de dimensiones inimaginables, por lo que es necesario transitar de un enfoque de seguridad nacional hacia un enfoque de seguridad humana”, puntualizó.

De igual manera, expuso que la violencia estructural que viven específicamente las mujeres, tanto en el espacio público como en el privado, las ha forzado a dejar sus hogares y sus países en busca de protección y seguridad, tanto de ellas como de sus familias.

La mayoría de mujeres que se han desplazado de manera forzada, abundó, “provienen de los espacios con mayores índices de marginación, con una alta presencia del crimen organizado, quienes ejercen violencia contra ellas, desde una extorsión y ataques directos, hasta diversas formas de violencia de género, abusos y violación sexual, amenazas, reclutamiento forzoso por miembros de pandillas y cárteles de drogas”.

El contexto apremia a acciones coordinadas entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en las migraciones y demás población en movilidad, recalcó.

El Conversatorio Interinstitucional Nacional tuvo como finalidad conocer y analizar la realidad que se expone y generar procesos, iniciativa, modificaciones legislativas y políticas públicas que permitan garantizar el ejercicio de los derechos de mujeres, niñas, niños y demás personas en procesos migratorios en México.

Y las estrategias y líneas de acción se alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con por lo menos tres de ellos: el Objetivo 5. Igualdad de género (en todas sus metas); el Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico (en su meta articulada a los derechos de las trabajadoras migrantes), y el Objetivo 10. Reducción de las desigualdades (en su meta articulada al logro de procesos migratorios ordenados).

Todos los participantes apelaron a las diversas voluntades que permitan la concreción de dichos objetivos en políticas y programas para enfrentar la complejidad del tema migratorio con mejores herramientas y con garantías del ejercicio de derechos para las mujeres, niñas, niños y adolescentes y para la población en movilidad en general.

Tras el foro convocado por FOCAS, se acordó impulsar los cambios legislativos y armonizaciones de leyes necesarias para garantizar los derechos de las mujeres en las migraciones, así como construir políticas públicas a la altura de la crisis humanitaria.

Entre otras cosas, los participantes en el Conversatorio se comprometieron a vincular su trabajo con el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG), planteando la importancia de la integración de mujeres migrantes y de la comunidad LGBTIQ.

(Con información de Diario Contra Poder en Chiapas)