Amenazan transnacionales a pueblos originales en Chiapas
Tuxtla Gutiérrez.- Chiapas es una de las entidades con mayor porcentaje de violaciones a derechos humanos y se prevé un incremento de estas violaciones en los próximos meses, generadas fundamentalmente en la lucha por la defensa del territorio, que centenares de comunidades tendrán que dar contra la explotación minera, así como la extracción de gas y petróleo.
Con la aprobación de la Reforma Energética, el Estado Mexicano abrió las puertas para la autorización de concesiones para la exploración y explotación de gas, petróleo y empresas mineras, lo que se convierte en una amenaza para la seguridad del territorio de los pueblos originarios, que son tierras en donde se tienen detectados importantes yacimientos.
En la entidad, son más de cien concesiones autorizadas e inclusive en la Región Zoque, a finales del año pasado personal de la Secretaría de Energía (Sener) manifiesta haber realizado una consulta en varios municipios, en donde se asegura, se autorizaron doce concesiones para la explotación de gas y petróleo.
La obligatoriedad de la consulta se establece en el Convenio 169 de la OIT, firmado por México en el gobierno de Salinas de Gortari y la propia Ley de energía incorporó la obligatoriedad de esa figura.
Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT no establece el mecanismo sobre cómo se debe implementar esa consulta y la ley de energía tampoco lo específica.
De allí que exista una confusión sobre el procedimiento de cómo debe realizarse este mecanismo y la Secretaría de Energía viene actuando de manera precipitada en la búsqueda del consentimiento de las comunidades para la explotación de gas y petróleo en los municipios de Francisco León, Tenejapa, Chapultenango y Mezcalapa, en el que más de 84 mil hectáreas van a ser afectadas por esta actividad.
Este vacío se subsana con los criterios de convencionalidad que existen aprobados por los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, que tienen el carácter de aplicación obligatoria en el país.
Al respecto La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió controversias en donde estableció criterios que no se están cumpliendo en las consultas que la Sener viene realizando e inclusive no se está cumpliendo con el criterio de la consulta antes de que se autoricen las concesiones mineras.
El Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho que tiene toda persona al uso y goce de sus bienes.
Sobre este precepto, la Corte Internacional de DDHH estableció una interpretación evolutiva en la que se protege tanto las tierras de las comunidades indígenas o tribales como los recursos naturales que en ellas se encuentran, necesarios para la supervivencia física o cultural.
Incluso la Corte ha resuelto casos en donde la falta de acceso y goce de los recursos naturales han condenado a las comunidades a la miseria y marginación.
Por ello tiene establecido criterios que son jurisprudenciales sobre el derecho a la consulta y la obligación de obtener el consentimiento antes de otorgar la concesión de explotación.
En este sentido, la consulta debe garantizar la participación efectiva de los integrantes de la comunidad y debe ser realizada de buena fe y con el fin de llegar a un acuerdo; conforme a las propias costumbres y tradiciones de la comunidad y métodos tradicionales para la toma de decisiones.
Esto, en las primeras etapas del proyecto en cuestión y previa entrega de toda la información relevante, incluyendo los propios riesgos ambientales y de salubridad que representa el consentimiento para la comunidad.
La Corte establece que es el pueblo y no el Estado quien debe decir sobre quién y quiénes representan a la comunidad en cada proceso de consulta de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.
De igual manera La Corte resolvió, que el Estado deberá garantizar que no se emita ninguna concesión hasta que se realice un estudio de impacto social y ambiental conforme a los estándares internacionales.
De allí que el otorgamiento de concesiones de explotación minera que se vienen autorizando son violatorias a la convencionalidad suscrita por el país y las consultas realizadas por la Secretaría de Energía en municipios de la Zona Zoque no se apega a las disposiciones establecidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Por eso, puede considerarse que el Estado Mexicano está violando el derecho a la consulta en los pueblos originarios al no cumplir con los estándares aprobados en resoluciones por La Corte Internacional.
Esta defensa que se viene realizando en la Región Zoque ya ocasionó la primera presa política por la defensa del territorio, en virtud de que el 21 de febrero fue detenida Silvia Juárez Juárez, después de que se realizara una protesta en el municipio de Tecpatán en contra de la autorización de las concesiones para la exploración y explotación de gas y petróleo.
(Con información de José Adriano Anaya en Diario Contra Poder en Chiapas)
