Advierten riesgo en Chiapas por militarización
Brigadadas civiles documentarán los hechos ante posibles violaciones a los derechos humanos en desarrollos mineros en la zona
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que las llamadas Brigadas Civiles de Observación de Derechos Humanos, (BriCo), iniciaron trabajos de documentación en la cabecera municipal de Chicomuselo, para “monitorear posibles violaciones a derechos humanos provocadas por la militarización y la persistencia de proyectos mineros en la región”.
En un comunicado de prensa, agregó que “la presencia de observación internacional tiene como objetivo monitorear posibles violaciones a derechos humanos provocadas en un contexto de riesgo a la vida, libertad, integridad y seguridad para defensoras y defensores en Chiapas”.
Las BriCo “son un programa implementado en diferentes comunidades, que el Frayba coordina desde hace 24 años”, comentó.
“La observación de derechos humanos se apega a lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano”, mencionó.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifestó que “el 29 de octubre de 2018, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz se pronunció en contra de la militarización ‘ante la resistencia de los pueblos que luchan por defender sus territorios amenazados por diversos megaproyectos’».
También denunció “la intención del Ejército Mexicano de realizar un desfile militar en la cabecera municipal de Chicomuselo”, municipio situado en la sierra del estado.
“La demostración de fuerza se pretendía llevar a cabo a pesar de la oposición de comunidades a la militarización, cuya expresión más clara es el cuartel del 101 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano”, explicó.
En septiembre del 2018 la parroquia de San Pablo y San Pedro, ubicada en Chicomuselo y el Comité Samuel Ruiz denunciaron amenazas de muerte en contra del párroco, Eleazar Juárez Flores.
Anteriormente, el sacerdote y el Comité se habían pronunciado a favor de la defensa de la madre tierra y de la minería, explicó.
(Con información de La Jornada)
