Amagan con nueva Guerra de Castas en Yucatán

Ejidatarios denuncian que la explotación pétrea de construcción pone en riesgo las actividades económicas de apicultores

Chocholá, Yucatán. Ejidatarios del municipio yucateco de Chocholá encabezados por la comisaria Claudia Cob Durán, denunciaron públicamente a la empresa Oxxica, propiedad de la familia Abraham Mafud, de desacatar la orden judicial que otorgó el tribunal unitario agrario, en la que solicitaron cesar la construcción de una calera en un terreno de 602 hectáreas.

En rueda de prensa, la funcionaria ejidal explicó que el problema data de ocho años atrás; sin embargo, en marzo del 2018 les fueron otorgadas las medidas cautelares sobre el área en disputa. Desde esa fecha no había movimiento, pero hace unos días se avistaron camionetas y trabajadores en la construcción, por lo que exhortan a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Según detalló la quejosa, en Chocholá residen 565 ejidatarios, en su mayoría dedicados a la apicultura. El municipio produce más de 100 toneladas de miel anualmente y la explotación pétrea que representa la construcción pone en riesgo sus actividades económicas y el equilibrio medioambiental de la zona.

Cob Durán lamentó que no todos los afectados se atrevan a alzar la voz por miedo a ser amenazados, sin embargo, aseguró que defenderán su patrimonio si las autoridades no les hacen caso. “Hemos comentado que si fuera necesario entregaríamos nuestras vidas y lucharíamos como lo hicieron nuestros antepasados en la Guerra de Castas”, aseveró.

El juicio se inició desde el 2013 y fue hasta 2016 -cuando fue elegida como representante del ejido- que el caso siguió avanzando. En el 2018 les otorgaron las medidas cautelares porque el tribunal unitario no se había manifestado, pero el juzgado de distrito les ordenó proclamarse a favor o en contra del proyecto, derivando en las medidas cautelares.

“Ya basta que se burlen de los campesinos, pues son los dueños de la tierra. No se vale que nos quieran sacar de donde habitamos y cambiar la forma de vida a la que estamos acostumbrados, que son actividades tradicionales. No lo vamos a permitir”, aseguró.

En ese sentido, acusó a la procuraduría agraria de incurrir en prácticas deshonestas, ya que supuestamente hacen que los ejidatarios firmen actas asamblearias sin encabezado, y son ellos quienes se encargan de completar el documento. En primera instancia les dijeron que se edificaría una maquiladora textil, pero luego de investigar se percataron que era una calera.

El paso a dar es interponer un recurso de revisión, un amparo y nuevos juicios con pruebas, ya que tienen en su poder un estudio en donde se declaran esas hectáreas como selva y bosque, producto de una inspección ocular ordenada por el tribunal unitario que derivó en las medidas cautelares. Dichos recursos se meterían en los próximos días.

“Esta situación ocurre en la mayoría de los municipios de nuestro estado. El despojo de las tierras, complicidad de las instituciones agrarias con las empresas y el incumplimiento con la función de servir, acompañar y asesorar al campesinado”, lamentó.

(Con información de La Jornada Maya)