La corrupción empieza desde arriba

Imperdible el texto de Mark L. Wolf, juez federal de distrito en Massachusetts, publicado por Nexos bajo el título México necesita una Corte Internacional Anticorrupción.

He aquí una recopilación del texto:

La ‘grand corruption’, entendida como el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados, es endémica en muchos países.

Las redes de corrupción florecen gracias a la impunidad que se genera cuando los líderes de una nación no permiten que funcionen las leyes para castigar a sus colegas, amigos, familiares y, principalmente, a ellos mismos.

La indignación pública frente a la persistencia de la corrupción está desestabilizando a muchos países. Este proceso de desestabilización genera graves peligros para la paz y seguridad internacionales que la mayoría de los países han acordado proteger a través de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales.

Debido a que la corrupción sistémica está generando una crisis global, es evidente la necesidad de una Corte Internacional Anticorrupción capaz de hacer valer los códigos y reglamentos que sancionen los actos de corrupción.

El primer paso está dado. Prácticamente todos los países han promulgado leyes anticorrupción pero el problema radica en su aplicación. Una Corte que procese los casos de corrupción de manera eficiente puede ser una herramienta de disuasión que contribuya a frenar la corrupción.

En términos de gobernabilidad y democracia, una Corte que pueda sancionar los actos de corrupción también permitiría la elección de líderes dedicados a servir a sus representados en lugar de enriquecerse a sí mismos, pues vigilaría que los procesos democráticos operen de forma honesta y limpia.

De la misma manera, los políticos corruptos y las empresas criminales poderosas, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, suelen estar relacionados y actuar en contubernio. La corrupción sistémica también destruye la democracia y es devastadora para los derechos humanos, mismos que todos los gobiernos dicen proteger.

Los líderes de los países con los peores índices de corrupción el mundo —incluyendo Somalia, Afganistán, Sudán, Iraq, Siria y México— son también los que registran mayores violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

En México, por ejemplo, se estima que la corrupción le cuesta a la nación entre 2% y 10% de su Producto Interno Bruto, quitándole al país ingresos que podrían haber sido utilizados para mejorar la salud y el bienestar de su población.

La ‘grand corruption’

Después de que periodistas mexicanos revelaran que un contratista del gobierno mexicano había puesto a disposición del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa una lujosa casa, el presidente designó a un amigo como encargado de investigar el asunto.

Como era de esperarse, la investigación no encontró evidencia de ningún delito por parte del presidente.

Los periodistas, a pesar de haber realizado un reportaje meticuloso e incuestionable, perdieron sus trabajos. […] Más preocupante es el esfuerzo fallido del gobierno por investigar la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre de 2014, quienes aparentemente fueron masacrados.

Alrededor del mundo aquellos que combaten la corrupción sistémica en sus países son frecuentemente castigados.

El zar anticorrupción de Egipto reveló que la corrupción endémica ha costado a su nación cerca de 76 billones de dólares. Como resultado, fue removido de su puesto y ahora es procesado por perturbar la paz.

Los fiscales en Turquía que investigaron casos de corrupción en contra de integrantes del gabinete del primer ministro en 2013 fueron removidos de sus puestos y procesados por supuestamente haber planeado un golpe de Estado. Actualmente, está siendo procesado en Nueva York un empresario que fue absuelto en Turquía por haber sobornado a esos ministros.

En algunos casos las personas que denuncian o revelan actos de corrupción no sólo son castigados sino también experimentan acoso, intimidaciones y atentados contra su integridad.

Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha calificado a México como uno de los más letales para los periodistas que hacen publicaciones sobre crímenes, violaciones a derechos humanos y corrupción.

Leyes e impunidad

La corrupción no florece por una carencia de leyes. 178 países, incluido México, son Estados parte de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas (UNCAC, por sus siglas en inglés). Esta convención exige a cada uno de los países miembro estatutos que criminalicen el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de los recursos públicos.

Además, es una obligación internacional crear instituciones para hacer cumplir dichos estatutos, incluso en contra de los miembros del gobierno más importantes. Sin embargo, los compromisos no son acatados porque los políticos corruptos controlan a la policía, a los fiscales y a las cortes.

Puesto de otra forma, no se establecen los controles y contrapesos necesarios para asegurar que las leyes anticorrupción se cumplan y los culpables sean sancionados.

Esta falta de obligatoriedad y cumplimiento de las leyes que prohíben la corrupción ha sido reconocida como un problema fundamental en México. En palabras de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO):

    ¿Cómo se puede resolver el problema de la violencia y el crimen organizado si no se resuelve el problema de la corrupción? […] Investigaciones realizadas muestran que casi todos los crímenes de corrupción quedan impunes, y aquellos a los que encuentran culpables no son miembros importantes del gobierno. […] Las instituciones del Estado son completamente incapaces de perseguir los actos de corrupción.

Para desalentar y disminuir la corrupción sistémica los líderes políticos con sospecha fundada de haber incurrido en actos de corrupción deberán ser investigados, procesados y castigados.

En atención a que esto rara vez ocurre, hace algunos años viene gestándose un movimiento en favor de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción similar a, pero independiente de, la Corte Penal Internacional.

La Corte Anticorrupción podría operar bajo el principio de complementariedad, lo que significa que sólo los países con autoridades que no pueden o no quieren perseguir la corrupción estarían sujetos al enjuiciamiento en su jurisdicción.

La Corte Internacional Anticorrupción podría reunirse en distintos lugares del mundo para maximizar la capacidad de las víctimas y testigos de participar en estos juicios. Dado que virtualmente cada país tiene leyes que prohíben la corrupción, esta Corte podría constituirse en un nuevo foro independiente para procesar violaciones de obligaciones ya existentes, en lugar de un espacio para la imposición de nuevas normas.

Procesos externos

Actualmente, existen políticos mexicanos que ya están siendo procesados en jurisdicciones extranjeras.

Por ejemplo, el ex gobernador Humberto Moreira, que multiplicó la deuda del estado de Coahuila 100 veces en seis años, está siendo procesado por lavado de dinero y malversación de fondos públicos en España, después de que el procurador general de la República dijo que no había evidencia para presentar cargos en su contra.

Además, dos de los secretarios de Finanzas del mismo gobernador han sido acusados en Texas por lavado de dinero y uno ya se ha declarado culpable.

Si México se sumara al establecimiento de una Corte Internacional Anticorrupción y delegara a ella la autoridad para hacer cumplir las leyes mexicanas en caso necesario, la persecución de sus políticos en dicha Corte no sería una invasión de la soberanía nacional mexicana, sino una reivindicación de la voluntad de su pueblo.

La demanda popular para combatir la corrupción en México llevó a la reciente promulgación de declaraciones financieras más estrictas y leyes anticorrupción, así como a la creación de una fiscalía anticorrupción independiente.

Si estas reformas tienen como resultado esfuerzos honestos y efectivos para castigar la gran corrupción en México, sus líderes no estarían sujetos a enjuiciamiento en la Corte Internacional Anticorrupción.

Sin embargo, si como lo predice la mayoría, estas reformas son frustradas por los poderosos políticos que obtienen ganancias gracias a su actual estado de impunidad, la Corte podría hacer que asumieran su responsabilidad por violar las leyes mexicanas.

Si una reforma genuina y un progreso real para combatir la gran corrupción no se consiguen pronto, México y sus vecinos podrían encabezar la campaña para crear una Corte Internacional Anticorrupción.

*Mark L. Wolf

Juez federal de distrito en Massachusetts. Promotor de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción.