CNDH advierte a edil de Cancún por asesor en seguridad

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por la llegada del militar retirado Julián Leyzaola Pérez como asesor operativo de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, pues está acusado de cometer violaciones a los derechos humanos como servidor público.

En un comunicado, el organismo recordó que cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana, Baja California, Leyzaola enfrentó cuatro denuncias por presuntos abusos durante su gestión.

De igual forma, existe una averiguación previa en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR), una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Chihuahua y otra de carácter administrativo en el ayuntamiento de Ciudad Juárez.

Todas las anteriores indagatorias derivaron de las Recomendaciones 87/2011 y 12/2015, emitidas por la CNDH, mismas que no se han cumplido a cabalidad.

Por lo anterior, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, le envió un oficio al presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, en el cual le solicitó que tome las providencias necesarias para evitar que en dicha región de Quintana Roo sucedan violaciones de derechos humanos.

“La seguridad pública no se logra violentando los derechos humanos. No es la arbitrariedad la que debe reinar para mantener el orden, pues esa es característica de los estados despóticos y autoritarios; el uso irracional de la fuerza pública (…), lejos de generar confianza en sus instituciones, siembra desconciertos y resentimientos en la población”, alertó el presidente de la CNDH.

El organismo recordó que su Recomendación 87/2011 tiene como origen hechos ocurridos en marzo de 2009, cuando se privó de la libertad, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de Tijuana, a 2 civiles y 23 policías municipales.

Por su parte, la Recomendación 12/2015 surgió por hechos ocurridos en abril de 2012, cuando 6 policías del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron actos de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza en agravio de 5 personas, de las cuales 4 fallecieron por consecuencia de ejecución arbitraria con disparo de arma de fuego y una logró sobrevivir.

(Con información de La Jornada)

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