Buscan senadores frenar Ley Chayote vía Suprema Corte

Ciudad de México. De febrero a abril pasado, organizaciones civiles insistieron a diputados y senadores que cumplir en tiempo con la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, no sería suficiente para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los obligaba a elaborar un reglamento que parara el gasto excesivo en publicidad oficial.

La oposición lo repitió varias veces cuando el dictamen se discutió en el pleno de ambas cámaras, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), aprobaron la ley y luego festejaron.

Este jueves, 52 senadores presentaron en la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley también conocida como #LeyChayote, lo que abre camino a un nuevo procedimiento en que la Corte señale que en el Congreso no se cumplió con lo que estipuló en noviembre de 2017.

Fueron senadores del Partido Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los que presentaron el documento. Los argumentos que sostienen dicha acción es que contraviene a la libertad de expresión, el derecho a la información y porque vulnera reglas del procedimiento legislativo.

De acuerdo con un comunicado del colectivo #MediosLibres, esta acción de inconstitucionalidad muestra que la Ley aprobada vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión, al violar los principios internacionales en materia de publicidad oficial y los señalados en el artículo 134 constitucional; incumple los criterios derivados de la exhortación de la SCJN; vulnera el derecho fundamental de la libertad de imprenta; viola el derecho de las audiencias y documenta violaciones al proceso legislativo que afectan la validez de la Ley.

Durante la discusión de la Ley, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, la oposición insistió en que no sólo se trataba de aprobar una ley para cumplir con el plazo establecido por la SCJN que era el 30 de abril pasado, sino que se tenía que cumplir con varios conceptos que el entonces dictamen no incluía.

Esa Ley, de acuerdo con #MediosLibres, promueve y mantiene las malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la censura indirecta.

“El Congreso hizo caso omiso a las recomendaciones y señalamientos  sobre los estándares necesarios en publicidad oficial para garantizar diversos derechos, de actores internacionales como la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU)”, expuso el Colectivo en un comunicado de prensa.

Con esta acción se podría determinar la inconstitucionalidad de las disposiciones que afectan los derechos humanos y que están formalizadas en esta #LeyChayote.

En entrevista con SinEmbargo, el Senador Ernesto Ruffo Appel, consideró como lamentable cómo a través del presupuesto público ejercido por el Presidente de la República, se gastan tales cantidades de dinero.

Con cifras preliminares de 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gasto de publicidad se ubica en 44 mil 659 millones 659 mil 871 pesos.

De acuerdo con un estudio de Fundar, el Gobierno federal gastó entre 2013 y 2016 un monto de 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, y además esa cantidad superó en 15 mil 162 millones de pesos lo aprobado por el Congreso de la Unión. También se hizo caso omiso del recorte del 10 por ciento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decretó desde 2015, como parte del recorte al gasto público y de su política de austeridad.

El documento que se aprobó fue considerado una copia de los lineamientos ya vigentes en materia desde hace 10 años, lo que no soluciona el principal problema, que es la publicidad oficial convertida en un mecanismo de control directo de líneas editoriales y en asignación discrecional de grandes cantidades de dinero.

Ruffo Appel mencionó el caso de los topes presupuestales, que “no funcionan”, ya que el Presidente Peña  ha ejercido casi 40 mil millones de pesos, cuando la Cámara de Diputados sólo autorizó 23 mil millones.

“Fundados en el Artículo 105 Fracción II de la Constitución, una tercera parte de los legisladores en la Cámara de Senadores, tenemos derecho a expresar una acción de inconstitucionalidad frente a la SCJN. Fue firmada por 52 senadores, cuando sólo se necesitan 43 requeridos. Por parte de los senadores firmantes ya está hecho todo lo necesario y quedó registrada la acción ante la Oficialía de Partes de la SCJN”, detalló el Senador panista.

Ruffo explicó que para la elaboración del documento se consultó a las organizaciones ciudadanas y éstas abonaron con sus puntos de vista. De las distintas críticas que ha recibido la minuta aprobada, sobresale que no se tomó en cuenta las propuestas de las organizaciones civiles, por lo que no garantiza cambios sustanciales en la compra de publicidad oficial.

“Lo que se busca es que la Corte inste de nueva cuenta al Congreso a elaborar una Ley que cumpla con la sentencia establecida […] Esa Ley se aprobó de una manera bochornosa y lamentable, con mal manejo de las comisiones y también de la operación de la Mesa Directiva del Senado encabezada por Ernesto Cordero Arroyo, dejaron que el tiempo se fuera hasta los últimos días del periodo legislativo, entonces algo para lo que teníamos cuatro meses, Cordero no bajó el tema hasta la última semana”, comentó.

“La Suprema tendrá que volver a revisar el contenido y emplazar de nuevo al Congreso a que hagamos las cosas bien y no con los intereses que la manipulación al erario público a favor de medios de comunicación, que hace el Presidente Peña Nieto”, sostuvo.

(Con información de Sin Embargo)

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