Reprochan a México soslayar problema de matrimonio infantil

Ciudad de México. Es vergonzoso que el Estado mexicano continúe recibiendo recomendaciones sobre matrimonio infantil de organismos internacionales y no las atienda, sostuvieron este miércoles académicas y defensoras de los derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un foro de trabajo sobre matrimonio infantil ante las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 2018, plantearon que es sorprendente que países de África en donde el matrimonio infantil es una práctica extendida estén atendiendo las recomendaciones y México no.

De acuerdo con información de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en 2015 se registraron 400 mil 954 personas entre los 12 y 17 años en alguna situación conyugal: casada, unión libre, divorciada, viuda, etcétera, 81 por ciento eran niñas y mujeres adolescentes y 19 por ciento niños y hombres adolescentes.

Las niñas y adolescentes no se casan con sus pares sino con hombres mayores y además aún se autorizan matrimonios de menores de edad ya sea por desconocimiento de las leyes, por corrupción o por la costumbre y por conceptos discriminatorios contra las mujeres.

Es en los 50 municipios más pobres donde las niñas indígenas siguen siendo forzadas a contraer matrimonio con adultos por cuestiones económicas, explicó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el foro organizado por la Cátedra Unesco, sostuvo que en sus recomendaciones el Comité CEDAW fue muy claro en su posición en contra en contra del matrimonio infantil y sobre que el estado mexicano debe tomar medidas al respecto.

Señaló que la sociedad no debe ver como normal que los niños y niñas se casen, que vivan en la pobreza, que sean discriminados.

Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de DDHH de la UNAM, planteó que se requiere reforma 164 legislaciones y normas en el país y los estados relacionados con el matrimonio forzada para atender las recomendaciones de la CEDAW.

Señaló que diversas organizaciones trabajan en una agenda al respecto para entregarla al próximo gobierno para que se tomen medidas en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial que permitan cumplir con las observaciones del Comité CEDAW, pero puntualizó que “esto va más allá de cambiar la ley”, pues también se debe observar cómo se implementan los cambios.

Liliana Lomelí, de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género, señaló que en México el Estado no está generando mecanismos de prevención y de atención de la problemática de los matrimonios forzados, y que ha justificado su inacción en el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

(Con información de La Jornada)

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