Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se aferran al gasolinazo

Los empleados de más alto rango del pueblo de México, es decir el presidente y su gabinete, los senadores y diputados, así como los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la nación han cerrado las vías democráticas al legítimo reclamo por el alza desmesurada a las gasolinas.

Sí, aquellos que cobran de nuestros impuestos cifras millonarias por el pésimo trabajo que realizan y que a final de cuentas son la causa de aquello que se reclama, es decir: socavaron Pemex, se robaron los excedentes petroleros, no invirtieron en refinerías, y ahora todos tenemos que pagar, menos ellos.

Lo lógico sería despedirlos a todos por ineptos, juzgarlos por el saqueo al país, como a cualquier empleado en cualquier empresa.

Los responsables del gasolinazo seguirán impunes.

Por el contrario, esos que se creen dueños de México se niegan a escuchar las voces que están en contra del gasolinazo.

A las decenas de miles de ciudadanos que se han manifestado el Ejecutivo Federal respondió con tácticas fascistas infiltrando grupos especializados en reventar marchas y mítines, para justificar el ataque de las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas armadas. Y con una propaganda masiva a través de todos los secretarios del gabinete y de todos los medios a su alcance.

Legisladores oficialistas denegaron la opción de modificar la ley.

A los que optaron por la vía legislativa, los diputados y senadores del PRI los ningunearon, ¡vaya! ni siquiera tuvieron a bien analizar la propuestas alternativas planteadas por partidos opositores en el Congreso de la Unión.

A quienes creyeron que por la vía legal del amparo podrían encontrar justicia para el ciudadano común para los transportistas, para los trabajadores, la respuesta de la Suprema Corte ha sido cobarde: los millonarios magistrados se declararon “incompetentes” para resolver.

Diría ‘QUÉ POCA MADRE SEÑORES POLÍTICOS” de los tres poderes de la unión, si no fuera porque debemos asumir la presunción de inocencia de sus progenitoras.

A los ministros de la SCJN no les preocupa hacer justicia por el gasolinazo.

Para colmo, todas las explicaciones que han dado las autoridades han resultado lastimosamente falsas, la única explicación real es su irresponsabilidad en el manejo del país.

Pareciera que la cúpula en el poder intenta presionar al pueblo de México hasta que la inconformidad social estalle en una revuelta, para poder reprimir y evitar que la democracia siga su curso.

La opción real la tienen los ciudadanos: organizarse, participar, vigilar, supervisar el ejercicio de gobierno y salir a votar en cada proceso electoral por opciones distintas que nos permitan retomar el camino del desarrollo y un mayor bienestar para todas las familias, no solamente al 1 por ciento privilegiado.

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