¿De verdad quieren armar a los mexicanos?
La iniciativa del senador Jorge Luis Preciado para que los ciudadanos puedan portar armas en negocios y vehículos tiene una doble base real.
La inseguridad en todo el país sigue en niveles muy altos, lo mismo en trasgresiones de alto impacto que en delitos del fuero común.
Asaltos, robos, violaciones, secuestros, asesinatos, hace que los ciudadanos se sientan indefensos, particularmente por la ineficacia de las políticas públicas en materia de inseguridad.
Con la iniciativa, también se reconoce una verdad estadística que nos indica un crecimiento de 900 por ciento en la adquisición de armas en los últimos 15 años. En este sentido, en 2001, se vendieron 956 armas; en tanto que en 2015, la cifra subió a 10 mil 115 piezas.
En total, durante el periodo 2001-2015 el resultado es de 494 mil 785 armas vendidas por la Sedena.
Así que la postura del senador podría parecer plausible pero, ¿ayudaría una mayor venta de armas a brindar más y mejor seguridad a los ciudadanos?
Me parece que no.
El gobierno tiene la obligación de hacer leyes, aplicarlas y llevar a los delincuentes ante el Poder Judicial para este emita la sentencia correspondiente de acuerdo a las pruebas.
No se trata pues, de hacer campañas propagandísticas de que bajan los índices delictivos o de quitarles sus derechos partidistas a los delincuentes o de advertir que “se investigará a fondo, hasta sus últimas consecuencias o caiga quien caiga”.
Aunque visto desde el punto de vista económico, podría ser una opción para generar empleos, crear múltiples puntos de venta (En Estados Unidos de América hay más de 50 mil armerías); además, podría haber más asesinatos y en consecuencia, un repunte del sector funerario.
Otra opción sería poner escuelas de tiro, donde se pueda enseñar a usar, cuidar, disparar y darle mantenimiento a su armamento.
Hay que recordar que el artículo 10 Constitucional dice:
“Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa”.
Así que ante la falla institucional, los ciudadanos tratan de cuidar su integridad y la de su familia, así como sus bienes, por sus propios medios los pobres con machetes, los ricos contratan guardaespaldas , en tanto los gobernantes usan a policías o militares.
Solo para que le quede claro: mientras la cifra oficial de compraventa en 15 años habla de medio millón de armas vendidas, las estimaciones indican que existen 15 millones de armas de las cuales, el 85% es ilegal.
