Riesgo en Estados Unidos para ciudadanos naturalizados

Miami, Estados Unidos. Norma Borgoño migró desde Perú a Estados Unidos en 1989. Borgoño, madre soltera de dos hijos, echó raíces en los suburbios de Miami, donde encontró trabajo como secretaria, se dedicó a su iglesia local y, a principios de este año, se volvió abuela de una niña llamada Isabel, igual que su segundo nombre.

En 2007 obtuvo la ciudadanía por medio de la naturalización, un paso que ella sentía que aseguraría su estatus estatus en su hogar adoptivo. Pero la suya no es una historia migratoria feliz: el Departamento de Justicia estadounidense inició trámites para revocar su ciudadanía, y es posible que en el futuro tenga que regresar a Perú.

En mayo, los fiscales abrieron un caso de desnaturalización muy poco común en su contra cuando acusaron a Borgoño —de 64 años—, de cometer fraude al momento de presentar su solicitud de ciudadanía: presuntamente no dio a conocer que estuvo involucrada en un crimen años antes, pese a que en aquel momento no se habían presentado cargos en su contra.

Fue cuatro años después de obtener su ciudadanía, en 2011, que Borgoño se declaró culpable de ayudar a su jefe —sin recibir beneficios a cambio— a defraudar el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por un monto de 24 millones de dólares.

Desde que Donald Trump llegó al poder, la cantidad de casos de desnaturalización ha aumentado como parte de una campaña de aplicación más agresiva de la política migratoria, que ahora podría afectar hasta a la clase migrante más protegida: los ciudadanos naturalizados.

El gobierno estadounidense dice que sencillamente ha hecho lo mismo de siempre: investigar indicios de fraude entre los 21,2 millones de ciudadanos naturalizados, desde personas bajo sospecha de haber participado en crímenes de guerra o en terrorismo hasta aquellos con matrimonios fraudulentos o identidades falsas.

Pero el caso de Borgoña coincide con la apertura de una oficina específica dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) para investigar miles de posibles casos de desnaturalización que involucren el uso de identidades fraudulentas, incluso en momentos en que ha aceptado más solicitudes de ciudadanía que antes. USCIS también prevé derivar más casos de posible deportación a otras agencias y darle mayor poder discrecional a los oficiales para negar las solicitudes de ciudadanía que consideren que están incompletas o no son elegibles.

Otra agencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), ha solicitado 207,6 millones de dólares adicionales para contratar a trescientos agentes más que investiguen posibles casos de fraude por matrimonios, visados, permisos de residencia y ciudadanía.

Eso es “un nuevo terreno para el gobierno”, dijo Victor Cerda, uno de los abogados defensores de Borgoño. “Se han vuelto mucho más agresivos”.

El enfoque en la desnaturalización y un aumento reciente en la cantidad de casos presentados por el Departamento de Justicia han estremecido a muchos migrantes que por mucho tiempo pensaron que tener el pasaporte estadounidense los protegía de una vida de ansiedad permanente por la posibilidad de deportación. La ciudadanía también permite votar, algo que activistas del Partido Demócrata y de otras fuerzas intentaron aprovechar antes de las elecciones de 2016 con jornadas para fomentar la solicitud de naturalización.

“Ahora hay un signo de interrogación al lado del nombre de cada ciudadano naturalizado”, dijo David W. Leopoldo, expresidente de la Asociación de Abogados Migratorios de Estados Unidos. “Y con eso infundes miedo”.

La desnaturalización sigue siendo un proceso lento, difícil y poco común, y las autoridades migratorias dijeron que solo quienes han mentido de manera deliberada al gobierno tienen razón para sentirse preocupadas. Cada año, entre 700 000 y 750 000 personas son naturalizadas con USCIS; en 2017 la cifra total fue de 715 000, pese a que se dispararon las solicitudes en un 35 por ciento desde la elección presidencial del año previo.

Ese aumento llevó a USCIS a contratar más personal, abrir dos nuevas oficinas y expandir las diez existentes para cumplir con la demanda, aunque los tiempos para procesar las solicitudes se han lentificado. Aún así, la agencia dice que en los primeros seis meses de este año han sido naturalizadas más personas que en el mismo periodo de los cinco años previos.

Sin embargo, también han aumentado los casos de desnaturalización: entre 1990 y 2017 fueron en promedio once casos; en 2016 aumentaron a quince y, en 2017, a veinticinco, según el Departamento de Justicia, que ya presentó unos veinte casos en lo que va de este año.

Se espera que se acumulen más procesos de desnaturalización ahora que la nueva oficina de USCIS investiga sospechas de fraude. La oficina, que tendrá su sede en Los Ángeles, revisará las naturalizaciones que hayan desatado alertas en el sistema desde hace una década, cuando los registros de huellas digitales en papel fueron escaneados y metidos en una base de datos. Eso permitió a las autoridades migratorias a encontrar a personas que recibieron la ciudadanía pese a tener condenas penales previas u órdenes de deportación.

USCIS dedicó bastantes fondos y trabajadores a la tarea. Hasta ahora unos 2 500 casos han resultado en una revisión a fondo y unos cien han sido referidos al Departamento de Justicia. Los procuradores aún no revisan todos.

“No estamos aquí buscando a quién desnaturalizar”, dijo Daniel M. Renaud, director asociado para operativos de campo de USCIS. “No salimos y decimos: ‘Uy, ¿a quién naturalizamos el año pasado? ¡Hay que abrir el archivo y chequearlo!’”. Como con cualquier otro proceso de aprobación migratoria, añadió, “si hay fraude está en el interés de todos que se revise”.

Pero el caso de Borgoño es distinto, porque no surgió de la base de datos, sino con la condena. La mujer cooperó con los investigadores para el caso contra su anterior jefe y nunca obtuvo beneficios monetarios del esquema de solicitudes fraudulentas para conseguir préstamos bancarios. Fue sentenciada a arresto domiciliario con libertad condicional, el cual completó de manera temprana al pagar también un monto a modo de restitución.

Sin embargo, los fiscales ahora sostienen que el esquema fraudulento comenzó después de la naturalización de Borgoño, por lo que tendría que haber revelado su involucramiento. Sus abogados indican que no queda claro si ella sabía del actuar delictivo de su jefe cuando presentó la solicitud.

Según su abogado, cuando ella se declaró culpable los procuradores no sugirieron que podría peligrar su ciudadanía. “No hubo indicación ni discusión alguna sobre si esto podría afectarla”, dijo. “Debe haber una pizca de comprensión, francamente, en cuanto a la perspectiva del gobierno sobre qué casos hay que perseguir y cuáles, no. No creo que eso esté sucediendo”.

Los otros blancos recientes para la desnaturalización por parte del Departamento de Justicia incluyen a pedófilos, personas acusadas de delitos sexuales en múltiples ocasiones y sospechosos de conspirar o ayudar a terroristas.

El año pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos falló de manera unánime que la ciudadanía no puede ser revocada por falsedades pequeñas o triviales en una solicitud, como no revelar una infracción por exceso de velocidad u otros delitos menores.

Borgoño no pudo hablar con el Times por orden de Cerca, pero su hija, Urpi Ríos, dijo que el caso contra su familia los ha dejado destrozados.

Borgoño ya no tiene familiares en Perú, según su hija, a quien le preocupa que su madre sea deportada y termine sola y enferma, pues padece el síndrome de Alport, que afecta los riñones, y ha estado desde hace dos años en la lista de espera de transplantes.

Ríos dijo que su madre estaba extasiada con el hecho de ser abuela. “Y ni una semana después llega este golpe”, dijo, refiriéndose al inicio de los trámites para la desnaturalización. “No hay piedad”.

(Con información de NYTimes)