La lucha de Kate contra el exgobierno ‘PRIpeñista’

La valentía le costó muy cara a la actriz Del Castillo, en un México acostumbrado a la simulación, la obediencia y la corrupción

En este libro se cuenta el desarrollo del linchamiento oficial en mi contra desde una óptica legal. Por eso no sólo encontrarán una narrativa desde las entrevistas que Ernesto me hizo, sino desde las que les hizo a mis abogados Federico Mery Sanson y Alejandro Rojas Pruneda, quienes compartieron con él los pormenores jurídicos del caso.

Además, Ernesto desmenuza los amparos interpuestos por mis abogados y las distintas resoluciones de los jueces en México, muchas de ellas claramente ilegales y posiblemente dictadas por presiones del Ejecutivo Federal.

La razón por la que he decidido hacer visible mi caso no ha sido otra que la de evitar que cualquier persona viva un proceso ilegal promovido por autoridades gubernamentales. Nadie debe manipular a las fiscalías, policías o cualquier otra institución de justicia para satisfacer caprichos personales, políticos, conyugales o de cualquier otro tipo. Las fiscalías y las procuradurías deben estar al servicio de la ley y de los mexicanos, no al de sus gobernantes.

Por eso ahora estoy en una etapa en la que exijo justicia, verdad y reparaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que por ninguna circunstancia voy a claudicar en este esfuerzo de buscar que nunca nadie tenga que vivir lo que yo viví.

Es un esfuerzo personal, económico e incluso profesional tener un expediente en un organismo interamericano como la CIDH; sin embargo, estoy convencida de que mi posición pública me obliga a visibilizar estos casos y a contribuir a su no repetición. México se debe limpiar de gobernantes gandallas que utilizan a las instituciones para golpear a las mujeres.

Quiero señalar que en la elaboración de este libro jamás, en ningún momento, pedí, sugerí o insinué contenidos, matices u opiniones. Este es un trabajo ciento por ciento independiente de uno de los juristas más destacados en materia de derechos de la personalidad y derecho constitucional, a quien de corazón agradezco que se haya interesado en mi caso.

De igual forma, y como siempre, aprovecho para agradecer a mis abogados en México y en Estados Unidos –Harland Braun, Humberto Ferro, Iván Hernández, Karina Hernández, Federico Mery Sanson y Alejandro Rojas– por su constante trabajo y solidaridad.

Kate del Castillo

Los Ángeles, California, 20 de noviembre de 2018

“Recuerdo el 8 de enero de 2016; las noticias sobre la recaptura del Chapo estaban en todos los televisores, en todas las estaciones de la radio y en todas las redes sociales. Yo estaba en un restaurante cerca de los tribunales en la Ciudad de México –cuenta Alejandro Rojas Pruneda, estratega técnico-jurídico de la defensa de Kate y quien había sido parte del equipo de abogados de la organización Artículo 19– cuando recibo una llamada de Lydia Cacho (con quien había participado como uno de sus abogados en el conocido caso de su inconstitucional e ilegal traslado de Quintana Roo a Puebla) y me dijo que una amiga me iba a hablar y que quería que le ayudara.

“Le pregunté de quién se trataba. Me dijo que se trataba de Kate del Castillo. No conocía personalmente a Kate, pero sí a Lydia. Cuando me habló Kate y me explicó la situación, era algo muy extraño; por un lado, escuchaba a Kate explicándome la situación de manera muy breve, y por el otro, tenía que taparme los oídos del ruido que generaban las televisiones que transmitían la captura de Joaquín El Chapo Guzmán.

“Le dije que buscaría integrar un equipo jurídico que tuviera un componente en derecho penal y que pudieran servir de ­enlace con las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República y otro en temas relacionados con la libertad de expresión. Le pedí que me hablara en la tarde, ya que saliera de tribunales y estuviera en mi despacho para atender su tema, y fue cuando me contó más a detalle la problemática.

“Ese día aún no se había ejecutado esa estrategia de estigmatización y violencia contra Kate que empezó uno o dos días después, por lo que con cierta tranquilidad me aboqué a platicar con dos sólidos abogados para armar el equipo jurídico. Uno de ellos me comentó que con gusto se uniría al equipo, pero que por cortesía política informaría y tocaría base con una alta autoridad del gobierno federal.

“Después de que lo hizo, me pidió que fuera a su casa porque quería platicar en privado conmigo. Fui y me dijo que no se podía unir al caso ya que le habían pedido de ‘arriba’ que bajo ninguna razón él aceptara llevarlo y que considerara la tranquilidad de su familia. Pero fueron más allá porque le dijeron que, si tenía estima hacia el abogado convocante –o sea hacia mí–, que por favor me hiciera extensiva esa sugerencia.

“Para rematar me comentó que el otro abogado, del fugaz equipo jurídico que se había formado, sí había tomado con inteligencia la recomendación y que tampoco se uniría. Eso me sorprendió y, la verdad, me dejó atónito; en esa época tenía un hijo de un año, y en mi experiencia profesional nunca me había enfrentado a una circunstancia como esa. Y ese fue el punto de partida.”

 (…)

Ernesto Villanueva: ¿Viste, además de ese conspicuo punto de partida, que había un trasfondo político fuera de lo estrictamente legal en la Procuraduría General de la República?

Alejandro Rojas: Por supuesto. No hay la menor duda. La famosa entrevista que le hizo Kate del Castillo a Joaquín Guzmán Loera se enmarcaba en el ejercicio de la libertad de expresión. Es una actividad que ha sido ampliamente analizada por las instancias interamericanas.

De hecho, ya había precedentes similares, como la entrevista que le hizo Julio Scherer al Mayo Zambada y recientemente la de Anabel Hernández a Caro Quintero. Era algo atípico que todos los recursos del Estado sí los aplicaran para investigar a Kate del Castillo en un caso en el que, desde el punto de vista legal, no había nada que perseguir.

Además, fue absolutamente asimétrico y discriminatorio el trato que se le dio a ella, ya que en ella se centró toda la atención, toda la violencia y toda la investigación, mientras que a Sean Penn y a los productores de Hollywood no se les tocó.

Recuerdo algún medio de información que reportó que la entonces procuradora Arely Gómez había declarado que a Sean Penn no lo estaban investigando. Fue un tema político al 100% y que como pocas veces se había hecho en tiempos recientes. (Entrevista de Ernesto Villanueva al abogado Alejandro Rojas.)

En efecto, uno de los nudos gordianos es el relativo al encuentro entre una persona que se reúne con un fugitivo al amparo de la libertad de expresión –en realidad en su vertiente de la libertad de expresión o del derecho a saber–, toda vez que siempre hay dos versiones en un conflicto: la historia que busca situarse en lo que se denomina la verdad legal y la otra, la del fugitivo que generalmente no encuentra espacio en los medios de comunicación por múltiples razones.

Una de esas explicaciones es la que se escuda en no fomentar la dignificación de las razones del fugitivo, en no “promover” el delito (aunque jurídicamente no sea así, en virtud de que el derecho penal es de estricto derecho; es decir, que no basta la “analogía o mayoría razón” para ser punible o castigable como lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

La entrevista de Kate del Castillo con Joaquín Guzmán Loera fue objeto de polémica, de puntos de vista encontrados, en virtud de que ella no es una periodista en el sociológico término de la expresión (no, por supuesto, desde la esfera jurídica), aunque el propósito del encuentro abrevara por entero dentro del campo de la libertad de expresión.

Al margen de lo anterior, es fundamental despejar la siguiente interrogante: ¿Es legal que una ­periodista entreviste o tenga un encuentro con un fugitivo –y además el más buscado, por lo menos formalmente por las autoridades de procuración de justicia–?

En principio, es legal siempre y cuando no lleve a cabo alguna de las siguientes conductas: a) ayude de cualquier forma al fugitivo para que siga evadiéndose de las autoridades competentes; y b) pacte negocios pecuniarios, con lo que actualizaría la figura de “cómplice” y, por ende, el entrevistador pasaría de polea de transmisión de información de interés público a socio de actividades punibles.

En México las grandes figuras de las ciencias cinematográficas son especialmente cautas en sus posturas sobre la vida pública. Kate del Castillo era –sigue siendo– una de las pocas excepciones que se atrevió a expresar en público sus convicciones. Como se verá a lo largo de esta obra, esa valentía le costó muy cara en un país acostumbrado a la simulación, la obediencia y la corrupción.

Hasta donde tengo conocimiento, fui de los pocos que hizo un seguimiento jurídico-político de su caso en los medios en los que colaboro. Tiempo después conocí personalmente a Kate, quien despejó algunas dudas –detrás de cámaras, por decirlo de alguna forma– y confirmó otras convicciones que tenía acerca de ella.

(…) La trama legal concluyó en México, pero no ha terminado. Prosigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como vía para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta obra hago un esfuerzo de abstracción de mi simpatía con Kate y su causa para no incurrir en un conflicto de interés y para escribir un texto ajustado a los más altos estándares metodológicos, tratando su caso como objeto de estudio con la mayor imparcialidad posible.

Voy al principio. La noción contractual de la existencia del Estado tiene como supuesto la protección de la persona a través del ejercicio de los derechos humanos y del principio de legalidad que habilita la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos en sociedad. Cuando deja de funcionar este punto de partida –que se encuentra, con matices, en Hobbes, Locke o Rousseau, por citar algunos de los teóricos más representativos–, lo hace de la misma forma el diseño institucional del Estado.

Peor aún: si el Estado no sólo es omiso en hacer de sus grandes obligaciones una realidad concreta y usa las instituciones al margen de la Constitución y las leyes para castigar a un ser ­humano, se asiste a un Estado fallido.

 (…)

Por supuesto hay diferencias de percepción y de criterio en la comunidad sobre la idoneidad y pertinencia de la reunión entre la afamada actriz y productora y el narcotraficante. No obstante, la libre deliberación pública es propia del intercambio de ideas y opiniones. Se han escrito muchas líneas sobre este tema, particularmente en los medios, alimentadas por las conjeturas, los mitos y las filias y fobias que un suceso de esta naturaleza lleva consigo. No obstante, la experiencia de Kate con esa decisión tuvo una virulenta respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto y, al final, del Estado mexicano.

Esta entrega es un análisis de esa historia, animado por el interés público, más allá de opiniones y juicios de valor sin asidero en los hechos y actos de autoridad. (…) En este libro no se van a encontrar, en modo alguno, novedades que nutran el morbo o la curiosidad pública. Se trata, en cambio, de un estudio académico de caso de un fenómeno, sin precedente en la historia contemporánea del país, a la luz de una rigurosa metodología científica que se adentra en las implicaciones de fondo de esta conspicua historia que, sin duda, arroja lecciones sobre el nivel comportamental de las instituciones públicas contra una ciudadana en un país con un estado de derecho que se antoja testimonial.

(Lea el artículo completo en la Revista Proceso)