La lucha por compras de gobierno e IP

Durante varios sexenios, uno de los dolores de cabeza del sector privado local fueron las compras públicas estatales. Era una pesadilla tabasqueña: En algunas administraciones en el pasado se armaron clientes fantásticos en múltiples estados. No había voluntad ni de incrementar la proveeduría estatal ni de hablar del asunto en algunos casos.

Fue una cerrazón en conocidos ejercicios.

La batalla de empresarios por fortuna arrojó dividendos. Hoy hay un avance favorable, por todo el impacto que generan las adquisiciones en el empleo, al potenciar a pequeñas y medianas firmas locales.

Hace unos días el Gobernador Núñez Jiménez detalló que durante su gobierno el 85% de las compras de la Secretaría de Administración, han sido a compañías tabasqueñas. Un crecimiento notable. Era importante que el mandatario se refiriera al avance, porque fue una de las peticiones del empresariado y un objetivo de su gobierno.

Bertín Miranda, titular de Administración, dijo al respecto que el trabajo ha sido no solo aumentar la proveeduría local, sino también que los procesos sean claros.

Las compras públicas estatales significan unos $1,300 millones anuales y hoy no hay observaciones de tipo financiero, lo que habla del cambio.

En la Cúpula del Presupuesto

Moody’s confirmó que estados como Tabasco tendrán presiones adicionales en 2018 por el tema petrolero. Anticipó una reducción en las participaciones federales para estados productores, lo que afectará la inversión.

No ha sido excesivo lo dicho sobre el impacto petrolero: Moody´s enfatizó que Campeche y Tabasco enfrentarán desafíos fiscales importantes. La recesión que comenzó en 2015, redujo el coeficiente de distribución de las participaciones en 9% este año.