Juventud chiapaneca en riesgo

El Estado mexicano carece de una política pública hacia la población de jóvenes en el país. Esta situación se complica con la masificación de la educación superior, en la que los bajos niveles de atención y de calidad educativa, propicia que millones de jóvenes tengan un futuro incierto y muchos de ellos interrumpan su formación académica por falta de oportunidades y tengan que enfrentar a temprana edad la cruda realidad del desempleo y la falta de oportunidades para que se desarrollen.

Cada vez se empieza a reflejar con mayor fuerza, la visión que  a los jóvenes en este país se les ha robado el futuro y que el Estado Mexicano no tiene interés ni  muestra preocupación sobre el futuro que les espera a nuestros jóvenes.

Por ello se señala que la sociedad mexicana vive una crisis generalizada no sólo de sentido y de valores sino también de esperanza, en la que el conformismo ha triunfado y hay poca voluntad social para promover las grandes transformaciones que el país necesita.

En contrapartida, en sectores de la sociedad se manifiesta un discurso recurrente de preocupación y de apoyo al sector de los jóvenes, pero en la práctica éstos tienen cerrado los canales de participación y además no se les ha proporcionado las herramientas académicas para que ellos sean los protagonista en la definición y construcción de su mundo propio.

Paradójicamente, en la sociedad existe el sentir de que los jóvenes son el futuro del país, pero cuando ellos deciden participar en acciones políticas con sus pobres herramientas democráticas, en la que terminan generando violencia, rápidamente son estigmatizados y se les construye un estereotipo negativo de vándalos o peor aún se convoca al castigo.

La ausencia de una educación en derechos humanos, en construcción de ciudadanía y dentro de un proyecto democrático, termina prefigurando una participación política intolerante, de violencia y con acciones que los sitúa al margen de la ley. Pero además a nuestros estudiantes no se les proporciona las herramientas claves en la resolución de conflictos ni se les inculca una educación hacia una cultura de paz. Por ello más que criminalizar las formas de participación de los jóvenes se debe buscar transformar el sistema educativo, pero no bajo los principios de la Reforma Educativa aprobada, que privilegia el individualismo, el éxito personal y que deja ausentes el principal espíritu de la educación que es la de humanizar a las personas y el compromiso de renovación permanente para mejorar la vida pública.

En este momento no existen opciones en el país para la mayoría de jóvenes y menos las hay para los miles de jóvenes chiapanecos, que viven el desempleo en sus comunidades y que a partir del año 2000, empezó a asimilar como proyecto la migración, fenómeno que no se conocía en Chiapas.

Cuando los jóvenes de la entidad terminan el bachillerato, ya no tienen oportunidades. La educación superior pública sólo tiene capacidad para incorporar el 10 % de la demanda de jóvenes entre 18 y 22 años de edad. Pero de igual manera, para los jóvenes que logran ingresar a la universidad pública o a las escuelas normales, tampoco les significa que resolvieron su situación, en virtud de que la capacidad de absorción del mercado laboral es restringido y la mayoría terminará desempleada y los que encuentren un trabajo lo harán en condiciones de precariedad salarial.

El futuro en Chiapas para los millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es incierto y a la fecha nadie, en ninguna secretaría, ha tomado las decisiones para prever en un futuro otras condiciones que no resulte desalentador para esta población.

Lo grave es que el Estado está criminalizando a los jóvenes y ha permitido el crecimiento del estereotipo de la violencia. Esto viene creando un imaginario en la que existen mayores posibilidades de movilidad social dentro de la delincuencia organizada y muchos de nuestros adolescentes y jóvenes, a quienes se les cierra en este momento las puertas, no tienen otro futuro que la miseria y el desempleo, la migración o el enrolamiento con los grupos de la delincuencia organizada.

El futuro incierto para millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Estado debiera obligar a identificar y entender las problemáticas específicas y las demandas propias de este sector, situación que permitiría en el corto, mediano y largo plazo, elaborar estrategias de atención y de participación política a este sector de población. (Con Información de José Adriano Anaya)