Elecciones en riesgo en Chiapas  

Tuxtla Gutiérrez. Los altos costos de los procesos electorales tienen un fuerte cuestionamiento por núcleos importantes de la población, que reclaman una disminución significativa del presupuesto destinado a los partidos y a las elecciones, bajo el discurso de la crisis económica o bien, porque algunos partidos son negocios familiares y de los dirigentes o debido a la poca representatividad del sistema de partidos, que goza hoy día de un desprestigio creciente.

En Chiapas se legisló al respecto y se aprobó una nueva ley que disminuía las prerrogativas de los partidos. Sin embargo este procedimiento legislativo en el Congreso Local es inconstitucional, en virtud de que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 41 el procedimiento correspondiente para asignar el financiamiento público de los partidos.

En la sociedad existe un ánimo legítimo por discutir la validez e importancia de la asignación de los recursos públicos a los partidos. Pero ese debate debe darse fundamentalmente en el Congreso de la Unión porque implica una reforma al articulado de la constitución. Y allí los partidos políticos tienen definidos sus intereses respecto a las prerrogativas que les corresponde.

El financiamiento de los partidos políticos resulta clave para la consolidación de la democracia de procedimiento en el país, porque con ello se garantiza la sobrevivencia de estas organizaciones y porque en el papel, los partidos son los responsables de incrementar la proporción de los sufragios en las elecciones, lo que le proporciona legitimidad tanto al sistema de partidos como al triunfador de la contienda electoral.

Pero a la vez, en el financiamiento público de los partidos está también la preocupación y la certidumbre del financiamiento externo que pueden llegar a recibir por parte de la delincuencia organizada, que cada vez tiene mayor participación en las elecciones, financiando campañas e inclusive participando con candidatos de miembros de los propios cárteles.

En este sentido cobra relevancia la procedencia de los recursos para los partidos y las contiendas electorales porque eso implica a la vez la certidumbre. Por ello resulta inexplicable que en Chiapas haya en este momento una disputa entre la administración gubernamental en contra del Instituto Estatal de Participación Ciudadana por la ministración de los recursos.

El Organismo Público Electoral en Chiapas viene arrastrando no solo un desprestigio por sus anteriores acciones sino también una crisis de credibilidad, al existir la especulación de que existen dados cargado hacia algún candidato, como para que ahora se le cargue el problema de no tener suficiencia presupuestal para cumplir con la atribución constitucional que tiene de organizar las elecciones, con el fin de fortalecer la vida democrática en la entidad.

El IEPC tiene ya de por sí problemas serios ante la determinación de algunas comunidades de no permitir la instalación de las casillas el día de la jornada electoral, situación que presupone medidas preventivas para evitar esos riesgos, lo que enciende las luces de alarma del INE nacional, que tendrá que discutir en su momento si toma la decisión de atraer la elecciones de Chiapas por no existir condiciones financieras e inclusive políticas para la realización de las elecciones.

(Con información de José Adriano Anaya, vía Diario Contra Poder en Chiapas)

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